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Denuncian gobernador firma proyecto de ley fuera de término que bota a funcionarios públicos

Martes, 14 de agosto de 2018- En conjunto, los que hasta este lunes, eran comisionados asociados de la Comisión de Servicio Público (CSP), Jonathan Bonet y Lewis Dorta, así como el director ejecutivo de la Oficina Independiente de Protección del Consumidor (Energía), licenciado José Pérez Vélez, denunciaron que el gobernador Ricardo Rosselló dio paso al Proyecto de la Cámara Número 1408 al convertirlo en Ley y, como consecuencia, al despido de funcionarios públicos nombrados en sus posiciones a término en estas agencias por diferentes gobernadores, pero en su gran mayoría funcionarios que fueron nombrados y confirmados por el Senado de Puerto Rico, bajo la Administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

Este Proyecto de Ley crea la nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público que va a integrar en Negociados a las actuales Comisión de Servicio Público, a la Comisión de Energía, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (Energía). Además, la nueva Ley dispone que los actuales Comisionados, Miembros y el director de la OIPC cesarán en sus funciones de inmediato. Sin embargo, crea posiciones en sustitución de estos funcionarios públicos para realizar exactamente las mismas labores, pero ganando sobre 30,000 mil dólares adicionales, como lo es el caso de los que ocuparán las posiciones de Comisionados Asociados en el Negociado de Transporte y Servicio Público.

“Finalmente el gobernador Ricardo Rosselló estampó su firma a este Proyecto de Ley que a todas luces atenta contra el estado de derecho vigente en nuestro País. Ya el Tribunal Supremo ha resuelto que los funcionarios públicos nombrados a término por un Gobernador y confirmados por el Senado, y que ejercen funciones cuasi-judiciales como es nuestro caso, poseemos un derecho propietario sobre nuestras posiciones por el término al cual hemos sido nombrados. Definitivamente, esto es una movida que se hace sin ponderar las consecuencias que esto puede tener. Aquí se están dejando en la calle sin razón ni justificación alguna a funcionarios públicos en las distintas agencias que se integran. En el gobierno que lleva un mensaje a diario de decir que no despedirá empleados públicos. Peor aún, aquí hay un planteamiento de nulidad en esta nueva ley. El Gobernador tenía 30 días para firmar este proyecto y ese término venció ayer 12 de agosto. Del trámite legislativo se desprende que esa pieza legislativa fue enviada al Gobernador el 13 de julio. Al contar los días claramente vencía ayer”, expresó en declaraciones escritas, el comisionado asociado de la CSP, Jonathan Bonet quien fuera nombrado por el exgobernador Alejandro García Padilla a un término que vence en el 2021.

Los tres funcionarios denunciaron que a pesar de los comentarios y sugerencias que sometieron en el proceso de vistas públicas en la Asamblea Legislativa, el Gobierno de todas formas ha decido darle paso a esta ley que es nefasta para los servicios que se ofrecen y que, en tiempos de crisis, atenta contra el empleo de funcionarios públicos que son padres y madres de familia, a quienes ahora el Gobernador Rosselló los despoja de sus posiciones y los deja en la calle.

“Definitivamente, esto lo que hace es lacerar la confianza que el pueblo le tiene a sus instituciones gubernamentales. Mediante esta ley, se despoja así, de golpe y porrazo, de un mecanismo de avanzada en términos de la participación ciudadana en la elección de los funcionarios que les representan ante foros administrativos y judiciales, tal como es nuestro caso. La Ley 57-2014, exigía que la selección para ser director de la OIPC por parte del gobernador debía venir de una terna de al menos 10 candidatos sometidos ante él por organizaciones no gubernamentales y que esa lista debía ser pública, obligado entonces a seleccionar un candidato de la misma y someterlo a consejo y consentimiento del Senado. La participación de nuestro pueblo y la transparencia en los procesos de gobierno con la firma de esta ley, quedan a un segundo plano, provocando que las personas que desean servir a nuestro país no participen de la gestión gubernamental por el temor del vaivén de administraciones y despidos motivados políticamente”, afirmó el licenciado José Pérez Vélez, quien fuera nombrado a un término de 6 años que vence en el 2022.

Además, señalaron que ahora el proceso en esta nueva Junta será uno más burocrático y les añade pasos a los consumidores de energía en sus reclamaciones, a los concesionarios de la Comisión de Servicio Público y a las empresas de Telecomunicaciones, dado que la estructura gubernamental que se crea va a ser un ente revisor de las determinaciones de los Negociados en jurisdicción concurrente con el Tribunal de Apelaciones.

“Esto es una clara duplicidad de funciones que no hay necesidad de crear en estos momentos de crisis económica que estamos viviendo. Ahora los consumidores y concesionarios de las agencias impactadas en esta reorganización tienen que acudir a un foro adicional en revisión de las determinaciones de los Negociados de Transporte y Telecomunicaciones. Es decir, se nombran tres funcionarios a la Junta Reglamentadora por encima de los Negociados, cual su único trabajo será revisar determinaciones que en distintas instancias no tendrán el expertise para ello. Esto es simplemente atornillar personas en posiciones que se crean adicionales, ganando un salario mayor sin justificación alguna y en plena crisis. En el caso de los Comisionados Asociados del nuevo Negociado de Transporte que sustituye la Comisión de Servicio Publico actual, estos funcionarios van a ganar sobre 30 mil dólares adicionales a nuestro salario actual. Esto es altamente reprochable y el País ya está cansado de esto.” sentenció Lewis Dorta, nombrado Comisionado de la CSP en el 2015.

De otra parte, los tres funcionarios advirtieron que en los próximos días acudirán al Tribunal a radicar sendos recursos legales contra el Gobierno de Ricardo Rosselló para hacer valer sus derechos y defender sus posiciones a las cuales fueron nombrados a término.

“Nos estamos asesorando con abogados expertos en el tema de derecho constitucional, laboral y administrativo para determinar finalmente el curso de acción a seguir en los próximos días. La jurisprudencia establecida por nuestro más Alto Foro es clara y contundente, el Gobernador ni la Asamblea Legislativa pueden utilizar legislación como subterfugio para vaivenes políticos y atentar contra los nombramientos de funcionarios que ocupan posiciones cuasi- judiciales y adjudicativas nombrados a término. Así se resolvió por el Tribunal Supremo en el caso del exprocurador de las Personas con Impedimentos Iván Diaz Carrasquillo tan reciente como en el año 2015, entre otra jurisprudencia vigente”, expresó el comisionado asociado de la CSP, Jonathan Bonet.

Los tres funcionarios concluyeron que no descartan acudir tanto al foro federal en demanda por discrimen político, como al foro estatal en defensa del estado de derecho vigente y para hacer valer los términos a los cuales fueron nombrados y que entienden tienen derecho, además del nuevo planteamiento sobre la nulidad de la Ley por la fecha en que el gobernador le estampó su firma.