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Gobierno sin pagarle a los radiólogos

Lunes, 15 de octubre de 2018- La presidenta de la Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico (ACRPR), doctora Liana Medina Pizarro y el presidente de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico (SOCRAD) , doctor Jorge Vidal, denunciaron el lunes, que supuestamente, existe un estado de emergencia en la isla tras la renuencia de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en exigir a las compañías aseguradoras de salud a pagar tarifas razonables por los servicios radiológicos rendidos en Puerto Rico.

“Esto a pesar de contar con los fondos otorgados por el gobierno federal para el funcionamiento de la Reforma de Salud por los próximos 2 años. La negativa por parte de las compañías aseguradoras a pagar lo necesario para rendir servicios radiológicos está poniendo en peligro la continuidad de servicios a los pacientes de Reforma y eventualmente afectaría también todos los servicios médicos en la isla aun los pacientes que pagan por un seguro privado o pertenecen a un plan Advantage”, denunció el doctor Jorge Vidal, presidente de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico en expresiones escritas.

Señaló que, a pesar de que la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó que las compañías aseguradoras que administran los servicios de la Reforma de Salud en Puerto Rico utilicen el tarifario de Medicare de 2018 como guía, supuestamente solo una de las cinco compañías lo está aplicando.

“ASES ha indicado que ese tarifario 2018, será la base del criterio de razonabilidad para el pago y que el mismo podrá ser ajustado acorde a las necesidades de los proveedores. Sin embargo, solo 1 de las 5 compañías aseguradoras lo está aplicando, pero sin evaluar las necesidades de cada proveedor, mientras las otras 4 aseguradoras continúan utilizando el tarifario de Medicare de 2016, que es más bajo y le aplican un descuento del treinta por ciento. “Esta situación ha puesto en estado peligroso la prestación de servicios de radiología ante el hecho que muchos radiólogos han tenido que marcharse de Puerto Rico, dejando solo a 242 profesionales en este campo para atender a la totalidad de la población de la isla”, denunció el doctor Vidal.

“A pesar de la ACRPR habérselo denunciado a ASES, las aseguradoras de Reforma, continúan enviando a los socios de la Asociación contratos que no están aprobados por la agencia del gobierno federal CMS, con páginas en blanco y sin el tarifario correspondiente o sea un contrato incompleto. Estas aseguradoras no están cumpliendo con las directrices ASES. Además, esos contratos no están aprobados por CMS. Las aseguradoras están obligando a los proveedores a firmar contratos que no han sido aprobados por CMS, con páginas en blanco y muchos sin el tarifario y cuando envían tarifas están utilizando el tarifario de Medicare 2016 con un descuento de 30 por ciento”, añadió.

Por su parte, la presidenta de la ACRPR explicó que la gravedad de la situación afecta aceleradamente tanto a la clase médica, como a los pacientes y cuestionó las razones por las cuales las aseguradoras se niegan a cumplir con las directrices de ASES.

“Además de los costos que acarrea el pago de gastos administrativos, los radiólogos dueños de centros de radiología invierten millones de dólares en tecnología para que los pacientes reciban servicios de calidad. Al no seguir la directriz de ASES del pago de unas tarifas razonables a base de las necesidades de cada proveedor, las aseguradoras paralizan la inversión en tecnología de avanzada, lo que es fundamental para poder ofrecer servicios de excelencia a la población de pacientes en Puerto Rico. Las aseguradoras al no cumplir con las directrices del gobierno le están negando a los pacientes un trato digno. ¿Por qué no le quieren pagar a sus proveedores de servicios tarifas razonables como requiere ASES para garantizar que no se colapse el sistema y los pacientes continúen recibiendo los servicios que necesitan?”, señaló la doctora Medina Pizarro.

“Ambas Asociaciones darán la lucha en defensa de la práctica de la radiología en Puerto Rico y sus pacientes en todos los foros necesarios e hicieron un llamado a todas las partes afectadas a levantar su voz de reclamo ante los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico”, concluyó.