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Investigan alza en casos de desahucios en Puerto Rico

Domingo, 16 de septiembre de 2018- La representante Maricarmen Mas Rodríguez anunció el domingo la radicación de una medida que persigue realizar un estudio abarcador sobre el procedimiento de desahucio con el propósito de identificar fallas, evaluar la necesidad de implementar nuevos mecanismos correctivos y establecer nuevos parámetros de política pública para regular la materia.

“Desde hace poco más de un año hemos visto cómo ha aumentado, vertiginosamente, el número de procedimientos de desahucios en las salas judiciales de Puerto Rico. Sabemos que llevamos mas de 13 años en una crisis económica sin precedentes, pero la cantidad de casos relacionados a esta materia se ha disparado y nos corresponde buscar alternativas reales para evitar una crisis de vivienda en Puerto Rico. Por eso radicamos esta resolución”, dijo la representante por el Distrito 19, el cual comprende los municipios de Mayagüez y San Germán.

El desahucio es el proceso mediante el cual la persona dueña que arrienda su propiedad solicita al Tribunal que ordene sacar a la persona inquilina o arrendataria, de la misma. Esta acción legal se realiza mediante un trámite sumario; es decir, con términos más cortos que lo ordinario, con el fin de que el proceso judicial sea más rápido. Algunas de las razones para solicitar el desahucio son: falta del pago del alquiler; haber violado alguna cláusula del contrato de alquiler; y expiración del término del contrato de alquiler.

“Según las estadísticas más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, las viviendas ocupadas por el dueño se redujeron en un 1.3 por ciento para 2010 y en un 4 por ciento para 2015. De otra parte, las viviendas ocupadas por inquilinos aumentaron en 1.3 por ciento y 4.1 por ciento para el 2010 y 2015, respectivamente. Existe una realidad que no podemos negar, y es imprescindible atener la situación ante de que escale a niveles mayores. Los resultados de esta investigación serán utilizados para delinear nuevos parámetros y legislación que proteja a todas las partes por igual”, sostuvo la representante.

La pieza legislativa, obliga a la Comisión de Gobierno de la Cámara baja presentar los hallazgos de la pesquisa en un período no mayor a los 180 días.