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Investigarán uso de gomas recicladas para construcción

Viernes, 14 de septiembre de 2018- La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el jueves, una medida para investigar si el Departamento de Transportación y Obras públicas (DTOP) está cumpliendo con lo que dispone la Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados, la cual dispone que la agencia y los municipios deberán utilizar neumático pulverizado como sustitución de al menos el 25 por ciento del volumen de los agregados minerales usados con cemento o asfalto en la construcción de aceras, encintados y canales y superficies para el manejo de escorrentías.

El representante Joel Franqui Atiles, autor de la Resolución 959, destacó que la Ley 41 del 2009 establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico de reducir el volumen de los residuos sólidos que se disponen finalmente en las instalaciones autorizadas; así como en lugares no autorizados, con alternativas como el reciclaje y uso final como materia prima que contenga un valor económico en el mercado.

“El manejo adecuado de la enorme cantidad de neumáticos que se desechan diariamente es uno de los grandes retos ambientales que enfrentamos. La utilización de estos neumáticos desechados como materia prima en la manufactura de otros productos, particularmente de asfalto, representa una opción viable para la disposición de estos. Por tal razón, entendemos que es necesario evaluar la implementación de dicha ley, la cual se aprobó para ordenar que las entidades gubernamentales pertinentes utilicen el neumático pulverizado en sus obras”, explicó Franqui Atiles en declaraciones escritas.

El también presidente de la Comisión cameral de Agricultura y Recursos Naturales y Ambientales puntualizó que luego de la asignación de fondos federales para los trabajos de reconstrucción y mejoras a las carreteras en la isla, “es apremiante que el DTOP y la Autoridad de Carreteras cumplan con lo estipulado en la ley para ayudar así con la disposición de los residuos de neumáticos y la acumulación de estos”.

La Comisión le someterá a la Cámara de Representantes un informe final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse luego de concluida la investigación.