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William Villafañe se libra de un Fiscal Especial Independiente por el caso del chat de WhatsApp

Jueves, 17 de mayo de 2018- La presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives informó el jueves que se determinó que el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe no será investigado por este organismo, por el caso de la conversación de WhatsApp en la que el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz consultó sobre una controversia electoral en las pasadas elecciones.

Esto, luego de evaluar el informe de investigación preliminar sometido recientemente por la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez.

“En cuanto al licenciado William Villafañe Ramos, del propio informe de investigación del Departamento de Justicia no surge prueba ni recomendación que requiera ulterior investigación”, dijo Cotto Vives en declaraciones escritas.

No obstante, la funcionaria detalló que se determinó que se realice una investigación a fondo en el caso de Ramos Sáenz. “Del informe del Departamento de Justicia surge que, Ramos Sáenz pudo haber incurrido en violaciones a varios artículos del Código Penal, del Código Electoral del Siglo 21, así como de la Ley de Ética Gubernamental”, sostuvo.

Indicó que se designó al licenciado Ramón Mendoza Rosario como FEI y a la licencia Iris Meléndez Vega como fiscal delegada. Éstos tendrán 90 días para realizar la pesquisa.

Por otro lado, la presidenta del PFEI informó además que acogieron la recomendación del DJ para que analice la prueba en unión con la evidencia recopilada, para determinar si la subsecretaria de la gobernación, Itza García; la administardora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado, el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),Yoniel Arroyo Muñiz y la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación,Yesenia Díaz Román, pudieron haber infrigido la ley en relación a este caso.

El pasado 2 de mayo, Vázquez reveló los resultados de la investigación que llevó a cabo personal de esa agencia sobre la participación de funcionarios del gobierno en la mencionada conversación en la aplicación de mensajería WhatsApp, cuya controversia culminó con la renuncia del pasado presidente de la CEE. El DJ recomendó la designación de un FEI para Ramos Sáenz. Ese mismo día Villafañe renunció a su cargo, mientras se le pidió la renuncia al resto de los funcioanrios.

La pesquisa realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia destaca que se cuenta con prueba que demuestra causa suficiente para realizar dicha recomendación. La misma indica que Ramos Sáenz, mientras fungía como juez municipal y presidente de la Comisión Local 037 de Moca, pudo haber incurrido en violación de: el Artículo 250 (Enriquecimiento ilícito); Artículo 252 (Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos); Artículo 291 (Influencia indebida en la adjudicación); Artículo 264 (Malversación de fondos públicos) del Código Penal. También pudo haber violado los Artículos 12.005, 12.007 y 12.015 del Código Electoral del Siglo XXI. Lo anterior, además de posible violación de los Cánones de Ética Judicial que realiza el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

A raíz de la extensa prueba examinada durante la investigación preliminar contra el expresidente de la CEE, el referido incluye en su recomendación que la misma debe ser analizada en unión a evidencia que sugiere que contra otras personas, hoy funcionarios públicos, existe causa suficiente sobre la posible violación al Artículo 292 (Influencia indebida en la adjudicación) del Código Penal por hechos ocurridos el 29 de octubre de 2016 y posible violación de las disposiciones del Código Electoral por parte de estos funcionarios por su activa participación e interacción con el exjuez Ramos Sáenz en materia de la jurisdicción del Código Electoral.

Por su parte el senador Aníbal José Torres reaccionó sobre la determinación del Fiscal Independiente.

“La determinación anunciada por la Oficina del Fiscal Independiente en el caso del Juez Rafael Ramos era de esperarse ante la evidente prueba existente que sugiere violación de la ley y la ética. En los casos restantes en lo que se refiere a la comisión de delito, corresponde al ente determinar si existe prueba para encausar, incluyendo jurisdicción. Personalmente confío en que la integridad de todo aquél encargado por hacer valer la justicia y los principios éticos que gobiernan el ejercicio de la función pública, prevalecerán sobre cualquier otra razón. A éstos y al igual que a todos los relacionados con los sucesos objetos de investigación, los juzgará la ciudadanía, tanto por el ejercicio cabal de su función, como por el desprecio y la burla a las instituciones fundamentales de una sociedad y un gobierno de orden, justicia y transparencia”, dijo Torres en declaraciones escritas.